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Candidate for Mayor Assassinated in Mexico

October 3, 2024 Case Selected
October 17, 2024 Public Comments Closed
December 12, 2024 Decision Published
Upcoming Meta implements decision

Comments


Name
Priscilla Ruiz
Organization
Artículo 19 Oficina México y Centroamérica
Country
Mexico
Language
Spanish
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Submission_OB-META_Articulo-19-MX_CA2.pdf

México y sus elecciones: Las más violentas.
Las elecciones de 2024 marcaron historia en México por dos razones en particular: (i) ser las elecciones más grandes en la historia del país y (ii) ser las más violentas hasta ahora. Es por ello que, las publicaciones en cuestión, al contener información sobre el desarrollo de la jornada electoral y tener un impacto directo en las decisiones que la ciudadanía tomaría en torno a la gestión gubernamental, deben ser catalogadas como discursos especialmente protegidos, entendiendo que, en este caso en particular la difusión del despliegue de violencia más allá del sensacionalismo funciona para dotar de información relevante y contexto suficiente para que la sociedad se encuentre plenamente informada sobre las ocurrencias de la jornada electoral.
Ante lo cual, la decisión de Meta de eliminarlas tuvo un impacto negativo en el acceso a la información al ocultar y prohibir a la ciudadanía el contexto actual del país, la situación de escalada de violencia en las entidades federativas y los altos registros de homicidios en contra de personas candidatas de las regiones más violentas, con altos índices de corrupción y cooptados por el crimen organizado y el narcotráfico.
México, en su historia reciente, ha estado marcado por la violencia político-criminal , entendida como aquella cometida en “contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales” . En este sentido los últimos años la violencia se ha caracterizado por diversas coyunturas electorales, las cuales incluyen amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de las personas que se desempeñan en el ámbito político.

La violencia político-criminal se enfoca en los ataques perpetrados por grupos del crimen organizado como un mecanismo para influir en los gobiernos, no sólo por medio de agredir a personas candidatas, sino también a través de los ataques y agresiones contra personas funcionarias públicas, o incluso familiares de personas con participación política. Esta violencia ha incrementado en cada proceso electoral. Por ejemplo, en las elecciones del 2018 se dio a conocer información que hubo más de 700 ataques en contra de personas dedicadas a la política, incluyendo 52 asesinatos, de los cuales 28 eran precandidatos y 20 candidatos a diversos cargos.

Adicionalmente, se registraron 429 agresiones en contra de personas funcionarias públicas, de las cuales 371 fueron asesinadas .

La continuidad de violencia en tiempos electorales fue incrementando cada vez que se celebraba un proceso electoral, además la administración de gobierno en ese momento no implementó acciones de atención y prevención a esa violencia electoral. La consultora Etellekt, registró para las elecciones del 2021 celebradas en varias entidades federativas, el homicidio de 102 personas vinculadas a la vida política, y se documentaron 1066 ataques contra personas candidatas, funcionarios o precandidatos.

Durante el proceso electoral que dió inicio el 7 septiembre de 2023 y concluyó el 2 de junio de 2024, la investigación Votar entre Balas reportó 551 agresiones en contra de personas candidatas, funcionarias públicas, sus familiares, fuerzas de seguridad pública e integrantes de partido e instalaciones electorales. De estas 551, 134 (24.3%) fueron cometidas en contra de personas candidatas, entre las cuales destacan 37 asesinatos, 40 atentados y 1 desaparición forzada.

La violencia no culminó con el cierre de casillas de votación. Del 2 de junio al 1 de octubre de 2024 se reportó el asesinato de 6 personas candidatas, 16 funcionarias públicas y 13 autoridades de elección popular.
La violencia política tiene grandes repercusiones en la democracia al dirigir exclusivamente el ataque a una persona pública de la vida política, y siendo los municipios los que padecieron altas repercusiones en la administración pública. En los municipios por cada ataque en promedio hubo 2% de disminución en la participación por el temor de ser reprimidos o que ocurran eventos violentos dentro de las casillas instaladas.
El Estado Mexicano hasta este momento no tiene una estrategia de investigación ni protección en situaciones de procesos electorales con la finalidad de que las personas con participación política se sientan con la seguridad de ejercer este derecho político-electoral y continuar con el fortalecimiento del sistema democrático. La violencia en contra de las personas candidatas y funcionarios/as se inserta en un contexto de alta hostilidad en la que personas que ejercer el derecho a informar se convierten también en objetivos de violencia, pues los costos políticos de aquellas investigaciones periodísticas que se realizan en tiempos electorales cobran mayor relevancia.

Remoción de contenido en el entorno mediático de México y el papel de las redes sociales en la información sobre los procesos electorales.

Con el surgimiento de internet, así como de la creación de plataformas digitales y en particular de las redes sociales, las personas tienen más herramientas y mecanismos a su alcance para expresarse, organizarse y movilizarse, lo cual ofrece un valor incalculable a la sociedad en los procesos electorales. No obstante, la libertad de expresión se ha visto restringida en estos espacios, sin considerar si se cumplen los criterios del test tripartito, hecho que se presenta de un modo particular durante tiempos electorales. Así, los criterios y estándares sobre la libertad de expresión que funcionaban como un marco sólido del ejercicio de este y otros derechos, hoy están en entredicho en el ámbito digital.

Las plataformas de redes sociales se han convertido en una extensión del espacio público político. Debido a la confluencia de actores diversos en dichas plataformas, estas se han transformado en espacios propicios para la difusión de plataformas políticas, como es el caso de la Conferencia Matutina Presidencial y ahora la Conferencia Matutina del Pueblo que ambas han sido presididas por la presidencia en turno en México la cual es transmitida vía Facebook, X y YouTube.

Cada vez más, se observa cómo es a través de estas plataformas que personajes políticos interactúan con la ciudadanía. Un claro ejemplo es el caso de las elecciones del 2021, en las cuales el Partido Acción Nacional presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) dado que 30 influencers mexicanos realizaron publicaciones mediante sus cuentas personales de Instagram, a manera de historias, apoyando al PVEM, durante el periodo de veda electoral.

La importancia de las redes sociales en los procesos electorales en México se ha vuelto evidente con la tendencia en aumento de instituciones y funcionarios públicos a solicitar a estas plataformas la remoción de contenidos de interés público, de acuerdo con el informe titulado Censura Electoral. La remoción de contenidos en redes sociales y las elecciones en México” en 2020 se reportó un aumento del 306% de las solicitudes realizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Facebook con respecto al año anterior. Asimismo se ha identificado la utilización de medidas cautelares por parte de actores políticos para eliminar contenidos de interés público, como vinculación de personas candidatas a presuntos hechos de corrupción.

Este tipo de medidas están mayoritariamente dirigidas a eliminar contenidos sustentados en investigaciones periodísticas, situación que tiene impactos desproporcionados para las personas periodistas y medios de comunicación, a la par de contar con un impacto social inmediato, al impedir que la sociedad tenga conocimientos de hechos e información de interés público.
Toda cobertura noticiosa en procesos electorales se encuentra regulada por el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que se encarga de regular tanto campañas electorales, uso de presupuesto para partidos políticos, pero también establece criterios hacia los medios de comunicación que dan seguimiento al proceso electoral en México .
Es crucial reconocer que la censura de contenido que refleja la realidad violenta del entorno electoral puede conducir a una falta de transparencia y a la manipulación del discurso público. En un contexto donde la violencia electoral se convierte en una herramienta de control social, la erradicación de información relevante puede resultar en una democracia debilitada. Por lo tanto, es imperativo encontrar un equilibrio que permita la protección de las víctimas y la promoción de un discurso público robusto y diverso que permita el ejercicio del derecho al voto de manera informada.
Es así que la violencia en contra de personas candidatas durante el proceso electoral de 2023-2024, adquiere el carácter de información de interés público, por lo cual debe de ser especialmente protegida. En este sentido es necesario puntualizar que la remoción de contenido es la medida más extrema de moderación de contenidos dado que a pesar de que la información sea restituida posteriormente el daño ya está hecho, por lo cual es necesario que aplique de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos y que cumpla con el test tripartito de necesidad, legalidad y proporcionalidad.
Es por ello que el INE al establecer dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Especiales, los criterios para la cobertura noticiosa en los procesos electorales en México ha predominado algunos puntos importantes que deben de ser retomados por las moderaciones realizadas por META antes de remover, bloquear o incluso eliminar un contenido o cuenta de algún usuario sin tener conocimiento previo de la existencia normativa electoral del país y su forma de regulación en procesos electorales.

Entre los criterios que establece el INE en su marco normativo son los siguientes:

1. Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión y acceso a la información: En aras de cumplir el mandato constitucional y bajo reconocimiento del control de convencionalidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la libertad de expresión con el acceso a la información es un derecho de la ciudadanía a estar informados sobre las elecciones, incluso en contextos de violencia. Tanto los medios de comunicación, periodistas, activistas y cualquier ciudadano juega un papel fundamental en la divulgación de aquellas noticias o información que permita a los votantes tomar decisiones informadas, sin distorsionar la realidad ni incitar al miedo o a la violencia .
2. La regulación de medios y el monitoreo constantes se realiza por el INE en coordinación con otras instituciones académicas de gran prestigio en México para de esta manera analizar el contenido que se publica y divulga tanto en radio, televisión e incluso dentro de las diversas plataformas de redes sociales, tal fue el caso que hizo con META para las elecciones de 2024 . El objetivo del monitoreo es buscar y detectar cualquier sesgo en la cobertura noticiosa, sobre todo en situaciones de violencia que prevengan desinformar o desviar el foco de los procesos democráticos .
3. En cuanto a contextos de violencia política y derechos humanos, el INE establece mecanismos para trabajar con los medios para que se realicen coberturas responsables en casos que se reporten ataques en contra de candidaturas participantes o violencia política para no poner en riesgo a los actores involucrados o incitar a la violencia. Sin embargo, es importante puntualizar que en los contextos de violencia en contra de candidaturas es relevante informar a la ciudadanía sobre la situación en la que se encuentra el proceso electoral así como aquellos hechos que sean de interés público, para de esta manera ejercer sus derechos político-electorales.

Ahora bien, a lo al tercer y cuarto que refiere META, es relevante considerar la opinión consultiva OC-05/85 la Corte consideró que los colegios de profesionales no son en sí mismos contrarios a la Convención Americana y señaló que si el orden público se entiende como “el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está implicada en ese orden” . Sin embargo, precisó que el orden público “reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse” .

En este sentido, la Corte indicó que “[l]a libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

Además establece la Corte “el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano”.

Por otra parte, el argumento comentado en el párrafo anterior, no tiene en cuenta que la libertad de expresión comprende dar y recibir información y tiene una doble dimensión, individual y colectiva. Esta circunstancia indica que el fenómeno de si ese derecho se ejerce o no como profesión remunerada, no puede ser considerado como una de aquellas restricciones contempladas por el artículo 13.2 de la Convención porque, sin desconocer que un gremio tiene derecho de buscar las mejores condiciones de trabajo, ésto no tiene por qué hacerse cerrando a la sociedad posibles fuentes de donde obtener información .

Exposición de contenido de imágenes gráficas o violentas
En cuanto a la exposición de imágenes gráficas o violentas, tanto en el derecho mexicano como en el derecho internacional existen salvaguardas diseñadas con el objetivo de proteger la intimidad y privacidad de personas víctimas de violaciones a derechos humanos o hechos violentos, así como de garantizar el debido proceso y acceso a la justicia. Sin embargo, estas salvaguardas o limitaciones a la libertad de expresión deben de ser implementadas bajo los más altos estándares de derechos humanos y el estándar de máxima difusión, contemplando que no impliquen limitaciones desproporcionadas a la libertad de expresión y acceso a la información.

Sobre este tenor, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha clarificado que el umbral de protección en tanto la vida privada difiere de la ciudadanía a personas funcionarias públicas o candidatas a puestos públicos, dado que en una sociedad democrática, las personas que ostentan o compiten por un cargo público deben estar sujetas a un mayor escrutinio y crítica del público. Entendiendo que este no solamente está ligado directamente a sus funciones o plataformas políticas, sino también a aspectos de su vida privada, dado que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.
Todo límite a la libertad de expresión debe cumplir cabalmente con un test tripartito, el cual establece que cualquier restricción debe (i) estar prevista en una ley clara y precisa; (ii) perseguir un objetivo legítimo habilitado para restringir la libertad de expresión, y (iii) ser necesaria y proporcional a la prosecución de esos fines, es decir, que no pueda ser invocada determinada restricción con el único objetivo de limitar la libertad de expresión haciendo nugatorio o completamente inexistente este derecho, generando costos demasiado altos a una sociedad democrática .
A partir de una reinterpretación y aplicación de estos preceptos en procesos electorales, las plataformas de redes sociales están limitando las expresiones que se dan en el ámbito público de la arena digital. La mayoría de las veces, las plataformas de redes sociales ignoran por completo los estándares de derechos humanos establecidos en este ámbito o los interpretan mediante criterios subjetivos, sin comprender aún la importancia que tienen la libertad de expresión y la web en contextos electorales .

La determinación de los límites y de las medidas que pueden considerarse legítimas para restringir la libertad de expresión en internet debe incorporar lo que la CIDH ha denominado como perspectiva sistémica digital. Este análisis es complementario al test tripartito para las expresiones que tengan lugar en la red e implica que se evalúe la forma en la que las eliminaciones de contenido o los bloqueos de cuentas, por ejemplo, impactan en el funcionamiento general de internet o si amenazan su naturaleza libre, abierta e incluyente .
Asimismo la Corte IDH ha enfatizado el crucial papel de los medios de comunicación durante los procesos electorales, al fungir como los mejores vehículos para que el electorado cuente con suficiente información y distintos criterios para tomar una decisión.
Es de entender que, dado que los hechos del asesinato del candidato no solamente ocurrieron en el ejercicio de su campaña, sino que tendrían un impacto en el desarrollo de la jornada electoral y en la elección del cargo público, toda información concerniente a los hechos debe ser catalogada como información pública y estar a disposición de la sociedad. Es entonces que la medida adoptada por Meta, no cumple con los principios de necesidad y proporcionalidad, incurriendo en una restricción abusiva de la libertad de expresión.
Sobre la legalidad, toda limitación a la libertad de expresión tiene que estar claramente estipulada en una ley clara y precisa. En este caso en particular, resalta que las publicaciones fueron removidas con base en las políticas de “Personas y organizaciones peligrosas” de Meta, las cuales se encuentran plagadas de términos ambiguos y poco claros; lo cual puede derivar en la sobreremoción de expresiones legítimas.
Esta situación ha sido previamente abordada por el Oversight Board en el caso “MENTION OF THE TALIBAN IN NEWS REPORTING”. La utilización de términos amplios como “glorificar” o “tono neutral” como estándares para definir la intención de una persona usuaria al compartir cierto contenido pueden derivar en errores de interpretación, tanto por sistemas automatizados, como sistemas de verificación humana.
Esta situación es particularmente preocupante tomando en consideración que tanto al interior de las políticas como en recomendaciones anteriores del Oversight Board se hace evidente que la medida que adopta Meta frente a los discursos catalogados bajo “Personas y organizaciones peligrosas” es aquella de la remoción de contenidos, sin contemplar medidas alternas que cumplan con el objetivo de “evitar y prevenir daños en la vida real” sin resultar en la censura.

Name
Ramón Peña Franco
Country
Mexico
Language
English

Electoral violence proved to be just a pause: crime continues its activities of extortion and murders.

Insecurity has not moved the vote in Mexico, but it is a pending issue on which human lives and economic progress depend.

Violence remains undisturbed in Mexico, before the campaign as well as after the voting, a period in which crimes only increase, each election with more bloodshed than the previous one.

While votes were still being counted and seats were being adjusted in the legislative chambers, and while the president transferred powers to his successor, the news told of an elected mayor riddled with bullets, another who ceased to be one, also shot dead, and the United States slowing down temporarily stop importing avocados because two of its inspectors were forcibly detained. Today like yesterday. The elections were only a pause. The great pending issue of any Mexican government, an average of 100 people murdered per day, continues to await a solution. Citizens seem to have given up and vote for what solves their daily lives, a better salary, social benefits, better working conditions. Insecurity, analysts say, has already left their political calculations.

Just recently, a Mayor from a city in southern Mexico was killed and beheaded less than a week after taking office.

There are millions of citizens in Mexico whose main concern is the constant noise of bullets and bribes to their businesses, no matter how humble they may be. But this reality is not that of the entire country, it is concentrated in rural areas and in some States, such as Chiapas, Michoacán, Durango, Jalisco, Guanajuato. For the rest, that day-to-day looking behind their backs has become part of a “reality” they just can’t change.
That includes the media for whom this situation has lost relevance; there is a perceived stagnation, a fatigue between the electorate and the authorities and media stakeholders, when they no longer know what strategies to apply or how this can be addressed or if something is going to change.

There is still terrible news every day, but it has become an everyday occurrence. The media may publish horrific images, but it has little impact on a society that’s got used to violence. The public is no longer surprised, and it has worrying consequences as it erases the limits of what content in traditional and social media should be acceptable.

The issue of violence in campaigns, although it also seems to lull the population to sleep, is something that must be observed with a different temporality. It is not just the candidates who are killed in electoral periods; we have to pay attention after the elections. Nothing guarantees that whoever has won will not lose his/her life days later, or years later. Or even who lost at the polls, or who permanently abandoned politics. It has been demonstrated that protection is failing and that the vulnerability of these figures persists over time.

The role of the media in such decadent context should be, at least, to tell the truth and follow up on public issues like crime, not by showing alarming images but by pointing out at the relevant data and serving as a platform to distribute curated information, that is useful to people.

Name
Agneris Sampieri
Country
Mexico
Language
Spanish
Attachments
Consulta-Caso-Cabrera-Barrientos.pdf

Please see the attachment.

Country
Mexico
Language
English

For decades, graphic and extremely graphic depictions of violence have been part not only of journalistic coverage in Mexican media, but of Mexican culture overall. Pulp publications like "El Gráfico" or "Metro", which print photos of brutally murdered or naturally deceased people, are publicly displayed in corner newspaper stands right next to other magazines or even children's books. Local newspapers still print a graphic and often explicit police page (called "nota roja") each day. Local and international TV and streaming companies have also played their part, with the proliferation of documentaries, docu-series, movies and other pop culture products based on violent and drug-cartel related activities. It can be argued that the continuous publication of these images has caused violence to be normalized nationwide, but only to the extent that it is a reflection of what happens in the streets, especially since the war against cartels began in 2006. Citizens from all ages and geographies within the country have either heard of or witnessed the presence of dismembered bodies appearing in busy streets, as well as the appearance of "narcomantas" and other imagery related to cartel violence.

This normalization of course does not justify violent images seeping into social media. But their existence is necessary to the extent that they keep showing the threats and circumstances many experieince inside the country. More than a dozen candidates were murdered in the past elections. That is, by no means, a normal situation elsewhere. Given that Mexico's former administration often challenged journalists' reports of the country's levels of violence, I understand that media needs to be more aggressive with their portrayal of crime and violence, specifically against public servants and the journalistic industry itself. Meta should understand the Mexican context better before deeming what content is of public interest and which is not.

Name
Mariana Barros Veiga Neto Brandão
Organization
Uppsala's Conflict Data Program - Uppsala University
Country
Brazil
Language
English
Attachments
Public-Comments-Portal-Oversight-Board.pdf

The assassination of the mayoral candidate José Alfredo Cabrera Barrientos is unfortunately just one more case in what represents a common scenario during the electoral processes of not only Mexico but all countries through Latin America and the Caribbean. In the same state of Guerrero, just one day before the reelection, the mayor of Chilpancingo, Alejandro Arcos, was also brutally assassinated and decapitated, his head being found on the roof of his truck, while his body remained inside the vehicle. Both of these deaths contribute to what is now the deadliest election of Mexico, with 37 candidates assassinated, one more than in 2021, alongside 828 non-lethal attacks and 140 cases of threats, attemptings and notified kidnappings, according to the Mexican consultancy Integralia. Data from the Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio reveal that in Brazil the situation is not that different, with 455 violent cases registered against political leaderships in the country during this year's local elections. Considering that the number is already bigger than from 2020 and the electoral process is not over yet, we still can expect the situation to worsen.
Political violence directly undermines the full exercise of democracy, which relies on fair and free elections as a core element, where voters should be able to express their needs and choose candidates who best represent them, however, with the spread of assassinations and violence it seems that their choices are being limited and the outcome is effectively being decided before the actual election takes place. In Mexico’s case, since the 90’s, the presence of a lot of different organized crime groups and drug cartels that fight against each other for the control of certain regions, led to a lot of those political assassinations. These killings are often tied to their efforts to secure their interests and needs by supporting candidates who are complicit or passive towards their activities, while eliminating those who oppose them. This seems to have been the motive behind Arcos’ assassination, as just days before his killing, he had refused to hand over control of the local police to the criminal group Los Ardillos. The situation in Mexico is even more alarming when considering that nearly 95% of violent killings in the country remain unsolved, with the perpetrators going unpunished, according to reports from México Evalúa.
This dynamic severely undermines democratic processes, exerting significant influence over the political landscape and fostering an environment of fear that limits political competition, also leading to the potential delegitimization of electoral results, both domestically and internationally, as elections may be perceived as unfair, damaging the credibility of the winning candidate. In the long run, the recurrence of such violence erodes public trust in democratic institutions and processes, creating a sense of futility among voters who may feel that the outcomes are predetermined by force, making their participation seem meaningless.
Through political violence and the targeted homicides of candidates or individuals linked to elections, criminal organizations are able to instill fear in authorities and opponents, operating in a way that mirrors the "tribunais do crime" used by the Primeiro Comando da Capital (PCC) in Brazil, that serve not only as a method of eliminating opposition but also as a powerful display of control and impunity. For the PCC, these “trials” and execution videos, where traitors or rival faction members are brutally punished, are specifically designed to deter future betrayals by showcasing the harsh consequences of defiance. Just as they use these "tribunals" to enforce its authority over local communities—issuing brutal punishments to those who defy their rules—cartels and other criminal groups in Mexico use assassinations to send a clear message: any challenge to their interests will be met with deadly consequences. The strategy behind these killings is to create a climate of fear, where political figures, law enforcement, and even the general public feel powerless to resist the influence of organized crime.
In addition to the murders, criminal organizations frequently record and share videos, turning the violence into a spectacle. These groups started to adapt themselves to the use of various types of technologies, utilizing social media platforms and messaging apps like Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, and Telegram to widely disseminate these videos, sometimes even in uncensored versions. In those, they include really graphic details such as sounds of gunshots and screaming to make it more disturbing for people to watch, in a way that they can maximize the psychological impact of the violence and enhance the effectiveness of the terror they seek to impose.
To address the issues with the cases the Meta exposed, I believe you should adopt an approach that includes stricter content moderation to try limiting the spread of violent propaganda because assassination videos, regardless of the source, should be automatically removed if they depict visible victims in my opinion. If it’s from a reputable media outlet that really provides meaningful context and has a public interest value exceptions could be made but always censored and with warnings of sensitive topics. Additionally, Meta should take preemptive steps to prevent these publications from happening in the first place by targeting accounts that share uncensored or sensationalized versions of such content.

Name
Will Freeman
Country
United States
Language
English

The third post seems to clearly violate Meta's rules and I don't see it making a valuable contribution to understanding violence against politicians by organized crime groups in Mexico. The fourth post, if the information about the deaths of the perpetrators on the scene is credible, falls into a separate category, as I see it. This seems to be useful information to the public.

Country
United States
Language
English

I worked in Mexico City at The News from 2007-2009, then for several years after doing research for my books, The Last Narco, and Hasta El Ultimo Dia.

I read the news every day, from tabloids to broadsheets. The tabloid images of beheadings, shootings and corpses took their toll on me, but did not influence my judgment on how to cover the cartels. I continued to believe that justice must prevail rather than use of force in defeating the cartels.

That said, years of news experience have given me the ability to process this kind of information and "detach." But I have been to therapy to help process imagery that comes back to haunt me, and I recommend this for anyone exposed to such imagery. I am not sure the average reader has this ability. When I would see drivers -- and kids in the passenger seat -- looking at images on the front pages of newspapers sold by street vendors, I would become concerned about how their brains might process it, and how it might affect their judgment as they grew up.

I am sure violence and violent images impact electoral decision-making, and also ensure that the military remains the most trusted (or worshipped) institution in the country. Any politician who embraces and supports the military and law enforcement in Mexico stands a good chance of winning, which is why they all do it, even longtime opponents of military abuses.

The killing of politicians produces another form of fear -- terror -- and a belief that decentralization of power may be a better option. In my opinion and experience -- not just in Mexico but in this case, during the Calderon administration -- this allows a president and his or her administration to consolidate power if necessary. It has also been used to bolster military presence nationwide. The dissemination of brutal imagery has a very swift effect in creating fear. I am a writer and writing about a severed head has nothing on actually seeing one firsthand on social media.

As a journalist, I tend to think first about the relatives of the deceased in terms of imagery, and then the effect on the viewer and perhaps the voter or average citizen. I think social media and users need to refrain from posting images of corpses and violence, all over the world. There is no upside to posting them. If people don't believe what they read, in the age of AI, they won't believe what they see either.

Name
Ricki-Lee Gerbrandt
Organization
Digital Speech Lab
Country
United Kingdom
Language
English
Attachments
DIGITAL-SPEECH-LAB-OVERSIGHT-BOARD-PUBLIC-COMMENT.pdf
Name
Gabriel Caetano
Country
Brazil
Language
English

Images are ubiquitous and decisively impact all social spheres. The communication standard underwent profound changes at the beginning of the 21st century. Political practices, the neoliberal market's marketing strategies, and the quest for power and prestige by organized crime have incorporated images into their operational strategies. We live in cinematic, image-centered societies. Expressions of power, prestige, and authority are conveyed through pixels, which form the basis of the visual grammar and syntax of our time.

In the context of the War on Terror, ISIS shocked the world by spreading its messages through videos showing hostages dressed in orange being beheaded in front of the cameras. It was a powerful message, much like the 9/11 terrorist attack. The images of planes hitting the twin towers became perpetually circulated. The image, as a ghostly repetition, constantly haunts the world.

It did not take long for images to become potentially securitized in electoral political discourse. I recall a cover of Time magazine showing the face of Bibi Aisha, an Afghan woman, mutilated. The cover bore the title: "What Happens if We Leave Afghanistan." It was a clear message from U.S. foreign policy seeking to restore its legitimacy. In that same year, 2010, the Pentagon was facing severe criticism over indiscriminate violence in the context of the War on Terror. During this period, WikiLeaks leaked a 2007 video showing an Apache helicopter indiscriminately killing 12 people in Baghdad, including two Reuters reporters and children.

In Latin America, extremely violent videos are produced by gangs (Salvadoran maras) and cartels in Mexico, Brazil, etc. In Mexico, videos depicting the beheading and dismemberment of individuals are recorded and circulated to shock rival groups and demonstrate power and ruthlessness against enemies and traitors. Videos from cartels like Los Zetas or Jalisco New Generation are functional ways of expressing ultra-masculine violence. Initially, these videos circulated only on the deep web. However, with the intensification and penetration of social media into society's daily lives, these violent videos have started to circulate regularly on major communication platforms. This is the major challenge that platforms face: how to break the chain of transmission of violent images and videos used by criminal groups.

Images have become a way of spreading terror and expressing maximum power. Recently, images of Mexican cartels displaying their "narco-tanks" were released, representing military prowess and technological advances. This directly impacts electoral processes. There is a widespread fear of formulating proposals in the field of public security or crafting narratives that might go against the interests of certain criminal groups. The expression of power through images conditions the political process: it limits and constrains the formulation of public policies in Latin America.

Name
Rafael Ramos Sousa
Organization
Universidade Federal da Paraíba
Country
Brazil
Language
Spanish
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comment.pdf

Case Description

On May 30, 2024, four different accounts posted about the assassination of José Alfredo Cabrera Barrientos, who was running for mayor in the municipality of Coyuca de Benitez in the state of Guerrero, Mexico. He had been shot and killed the day before during a campaign rally. All four pieces of content, one on Facebook and three on Instagram, were either posted by or reshared from news media accounts based in Latin America. The posts include similar videos, showing Cabrera Barrientos shaking hands with constituents before a gun is aimed at him. Blurred or blurry images follow to the sound of multiple gunshots and people screaming. Each post is accompanied by a caption, in Spanish, providing facts about the shooting.  

Meta designated the assassination of Cabrera Barrientos as a violating violent event under its Dangerous Organizations and Individuals policy, which prohibits sharing third-party imagery depicting the moment of designated attacks on visible victims. Meta’s subject matter experts had already assessed another version of the video as violating and added it to a Media Matching Service (MMS) bank that was programmed to remove this content. 

The first post was shared by a large media organization and includes a caption stating that 23 candidates for political office have been murdered during Mexico’s current election cycle. It was viewed about 59,000 times. The second post, also shared by a large media organization, includes a warning added by the user that the video is sensitive. The caption reports on a statement by the Governor of Guerrero, in which she condemns the killing and expresses condolences to the family. It was viewed more than a million times. These two posts were referred to the Board by Meta. After being identified by an MMS bank, the posts were escalated to Meta’s subject matter experts for additional review. Following this review, Meta allowed the first and second posts to remain on its platforms, with a Mark as Disturbing and newsworthy labels, due to their public interest value. 

In the third case, a user reshared content from a different media organization, without adding anything to it. There is a message imposed on the video, which is restated in the caption, instructing viewers that an “uncensored” video is available on Telegram. It was viewed about 17,000 times. The fourth post was shared by a media organization, with a caption noting that one of the attackers was shot at the scene and that, in addition to the candidate, three others were injured. It was viewed about 11,000 times. Meta removed these posts after an MMS bank identified them. Both users in these two cases appealed to the Board, stating their content was important news about violence and terrorism.  

The Board is evaluating all four cases together. Meta stated the two cases it referred to the Board raise difficult questions about how it should handle newsworthy posts that include third-party footage of assassinations or assassination attempts. Meta said the content in these two cases met the high bar for a newsworthy allowance because it was shared by news outlets with wide reach and contained analysis contextualizing the footage within the broader issue of violence and insecurity during election cycles. After the Board had brought the third and fourth cases to Meta’s attention, the company confirmed these posts did not meet the bar for the same allowance. Meta determined that, in general, removing most content depicting the moment of an attack on visible victims is consistent with its commitments to safety and privacy. This is because such footage can have propaganda value, raise the profile of perpetrators and inspire copycat behavior, while intruding on the privacy and dignity of victims and their families, according to the company.  

The Board selected these cases to address the issue of political violence and its impact on electoral processes. This case falls within the Board’s strategic priority of Elections and Civic Space  

The Board would appreciate public comments that address:  

  • The impact of violent imagery on electoral processes and public discourse around elections.   
  • The extent and nature of electoral violence, particularly against politicians, during Mexico’s 2024 general election.  
  • Mexico’s media environment and the role of social media in providing information about election processes. 
  • Use of social media by criminal organizations, including the role of assassination videos. 
  • Media standards in Mexico on depicting death or graphic violence in news reporting.  

 As part of its decisions, the Board can issue policy recommendations to Meta. While recommendations are not binding, Meta must respond to them within 60 days. As such, the Board welcomes public comments proposing recommendations that are relevant to these cases.