¿Por Qué Las Solicitudes De Los Gobiernos Para Eliminar Publicaciones De Las Redes Sociales Son Secretas? Que Las Hagan Públicas.
Por Michael McConnell
Mientras la mayoría de los estadounidenses festejaban el 4 de julio, el juez de distrito de EE. UU. Terry A. Doughty en Luisiana lanzó un tipo diferente de fuegos artificiales. Al encontrar "pruebas sustanciales" de que el Gobierno federal llevó a cabo una “campaña de censura extensiva y de gran alcance” para presionar a las empresas de redes sociales a suprimir el discurso que critica la política gubernamental, Doughty emitió una orden preliminar que prohíbe a un amplio número de funcionarios federales comunicarse con las empresas de redes sociales para presionar a eliminar o disminuir el discurso protegido por la Constitución (sin incluir temas de seguridad nacional, actividad delictiva y otros).
El mundo político respondió en su forma bipolar habitual: una parte aclamó al tribunal por haber puesto fin a lo que el tribunal denominó un “Ministerio de la Verdad orwelliano”, mientras que la otra parte advirtió de las oleadas de desinformación que surgirían de las redes sociales si el Gobierno no trabaja con las empresas de redes sociales para identificar y eliminar lo que considera “información errónea” y “desinformación”.
El Departamento de Justicia ya anunció una apelación.
El razonamiento del tribunal de distrito sobre la Primera Enmienda sin duda sobrepasa los límites, y bien podría anularse o acotarse tras la apelación. La Primera Enmienda no limita la facultad de las empresas privadas de medios de comunicación de negarse a difundir un discurso que consideren censurable, incluso si ese discurso está protegido por la Constitución en el sentido de que el Estado no podría prohibirlo ni castigarlo. La Constitución tampoco impide que el Gobierno identifique lo que considera “desinformación” y utilice medios no coercitivos para persuadir a los particulares a restringir su difusión.
El juez reconoció de forma acertada que las protecciones de la Primera Enmienda se aplican solo cuando el Gobierno “ejerce un poder coercitivo o proporciona un ‘estímulo tan significativo’, ya sea de forma manifiesta u oculta, que debe considerarse que la elección es del Estado”.
El problema es que la línea que separa la persuasión gubernamental legal de la coacción gubernamental ilegal es tan delgada como una hoja de papel. En un mundo en el que los organismos gubernamentales ejercen una significativa autoridad reguladora discrecional, las empresas de medios de comunicación temen la desaprobación del Gobierno si no acceden a las peticiones de este, incluso sin amenazas directas. Por el contrario, parece probable que, en muchos casos, las empresas cooperan con gusto, ya que comparten los valores y objetivos subyacentes de la administración en el poder. Asimismo, es probable que los ejecutivos de las empresas testifiquen que actuaron de acuerdo con su propio criterio, lo que hace que el caso de coacción gubernamental sea difícil de probar.
Por otra parte, el registro muestra que, en una cantidad sorprendente de casos, los ejecutivos de las redes sociales se opusieron a las exigencias del Gobierno de eliminar o disminuir los mensajes problemáticos. De hecho, según el tribunal, el FBI solo tenía una tasa de éxito del 50 % en la eliminación o disminución de la supuesta desinformación electoral. Esto sugiere que los esfuerzos gubernamentales contra la información errónea son menos eficaces de lo que esperan sus defensores o temen sus detractores.
Aun así, el resumen del tribunal de distrito sobre las pruebas y las alegaciones del caso supuso un servicio público. La mayoría de las acciones gubernamentales señaladas en la decisión se llevaron a cabo en secreto, y se hicieron públicas solo como consecuencia de los hallazgos del caso. De no ser así, pocos estadounidenses hubieran sabido lo frecuentes y extensos que son los esfuerzos del Gobierno para influir en lo que se puede decir a través de las redes sociales.
En algunos casos, incluso después de que las empresas explicaron por qué los mensajes a los que se oponía el Gobierno no infringían sus pautas establecidas públicamente, los funcionarios siguieron presionando para que se tomaran medidas y exigieron que las empresas informaran al Gobierno de lo que habían hecho en casos concretos.
En algunas áreas de controversia (como la teoría de la fuga de laboratorio sobre los orígenes de la pandemia o la autenticidad de la computadora portátil de Hunter Biden), es difícil ver cómo el interés público puede verse dañado por el debate público, independientemente de que las opiniones expresadas se muestren finalmente como “información errónea” o no. En cuanto a la eliminación de las críticas a las políticas de bloqueo gubernamentales por parte de expertos autorizados, resulta que el Gobierno estaba equivocado y los críticos tenían un argumento válido.
Mientras los tribunales resuelven las cuestiones constitucionales, la mejor solución para las posibles extralimitaciones del Gobierno es el conocimiento y la responsabilidad públicos. Mientras los esfuerzos del Gobierno sean (en palabras de un funcionario de la Casa Blanca) “acciones responsables para proteger la salud pública, la seguridad y la estabilidad cuando nos enfrentamos a desafíos como una pandemia mortal y ataques desde el extranjero a nuestras elecciones”, es probable que la población los apoye. Pero es probable que la población no esté de acuerdo mientras esas acciones se deban a consideraciones partidistas o a intentos de suprimir disputas científicas legítimas en torno a la sensatez de la política gubernamental.
Independientemente de lo que ocurra con la orden del juez tras la apelación, existe una solución práctica que podría disipar el asunto: Las plataformas de redes sociales deben hacer públicas las solicitudes de eliminación por parte del Gobierno. Esa fue la recomendación que hizo el Consejo asesor de contenido de Meta, la empresa matriz de Facebook, esta primavera. El Consejo (del que formo parte), es un órgano global, independiente de la empresa, que cuenta con la autoridad para revisar sus políticas de moderación de contenido. El Consejo propuso que Meta “sea transparente e informe periódicamente sobre las solicitudes por parte de funcionarios públicos para revisar el contenido” en virtud de diversas políticas, incluida la política de información errónea sobre el coronavirus, los intentos de gobiernos de otros países de suprimir el debate sobre el trato a los presos políticos y las solicitudes de los departamentos de policía.
El Consejo señaló que las solicitudes del Gobierno para eliminar material son “especialmente problemáticas cuando los Gobiernos realizan solicitudes para reprimir a manifestantes pacíficos o defensores de los derechos humanos, para controlar las conversaciones sobre los orígenes de la pandemia y para silenciar a quienes critican o cuestionan las respuestas gubernamentales a la crisis de salud pública”.
Si Facebook y otras plataformas de redes sociales siguieran esta recomendación, se mejoraría el problema de la censura impulsada por el Gobierno sin necesidad de la intervención de los tribunales.
Por difícil que sea distinguir entre la persuasión y la coacción gubernamentales, no hay ningún buen motivo para mantener estos esfuerzos en secreto. Si se informara a la población cuando los funcionarios del Gobierno piden a las empresas de redes sociales que supriman expresiones protegidas por la Constitución, podrían actuar con más moderación y mantenerse al margen de esta peligrosa línea.
Este artículo se publicó originalmente en el Washington Post en julio de 2023.
